Qué duda cabe, las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) están provocando transformaciones sociales sólo comparables a las que experimentó la humanidad con la invención de la escritura o de la imprenta. La revolución en curso está generando más sobreabundancia de información, ayudando a la creación de nuevos conocimientos a una velocidad nunca antes vista. Si alguien tenía recelos acerca de la amplitud de este fenómeno antes de la pandemia, imaginamos que a la luz de la respuesta global de virtualización de casi todas las actividades (trabajo, salud, educación, etc.) esas dudas se han disipado. Dicho lo anterior, el acceso a este mundo digital así como las destrezas para operar en él, están creando una nueva brecha de acceso pero también de alfabetismo (brecha digital) que  está segmentando y fracturando  aún más nuestra sociedad. Por otra parte, la digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Afecta a todos los ámbitos de la sociedad y es ésta la realidad que deberemos enfrentar en los próximos años. Constatamos que una serie de derechos y deberes en el mundo digital no están adecuadamente protegidos o cautelados. La iniciativa “Chile Digital” pretende hacerse cargo de esos derechos y deberes.

La transformación digital de la sociedad encierra grandes oportunidades y también nuevos riesgos. El acceso a las nuevas tecnologías e Internet es esencial para lograr la inclusión social del ser humano, con igualdad de oportunidades. Pero al mismo tiempo, el enorme volumen de información que circula en las redes así como los cada vez más poderosos algoritmos que permiten procesarla, encierran riesgos antes desconocidos.

El Estado debe promover la transformación digital de la sociedad y garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal. Al mismo tiempo, debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en este nuevo espacio. Específicamente, proponemos consagrar los siguientes derechos y deberes:

• Acceso universal a las redes digitales de información y a los servicios que éstas otorgan, garantizando neutralidad de las redes
• Derecho a la identidad en el mundo digital (p.e., a través de una casilla electrónica al nacer)
• Derecho a la alfabetización/educación digital
• Derecho a relacionarse digitalmente con el Estado (obliga al Estado)
• Derecho al acceso a los datos públicos con fines de investigación, innovación y desarrollo
• Derecho a la privacidad, protección de datos personales, rectificación, olvido,
• Regulación de la Inteligencia Artificial y de sus algoritmos, en particular en relación a los datos personales
• Deber de respetar la privacidad, las leyes de propiedad intelectual …
• Deber de no difundir información falsa, discriminatoria o injuriosa a través de las redes
• Reconocimiento de todos los derechos actualmente consagrados, en el mundo digital (p.e., libertad de expresión)

Al mismo tiempo, planteamos que no es recomendable legislar de manera específica para cada nueva tecnología, esto puede transformarse en una camisa de fuerza y un freno a la innovación.

Existe  evidencia internacional acerca de la conveniencia de incorporar estos derechos con rango constitucional. Las Naciones Unidas defienden el tratamiento de los derechos digitales con un enfoque en los derechos fundamentales. Varios países ya han ido incorporándolos en sus constituciones y cuerpos legales (Portugal, Ecuador, México…). España se encuentra elaborando una Carta de Derechos Digitales.